Ha pasado casi un año desde que entrase en vigor una de las medidas alimentarias más polémicas del último lustro: el impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña, medida que se planteó aplicar temporalmente en toda España, pero se desestimó por “no ser necesaria para cuadrar los presupuestos”. Es decir, que al menos desde el punto de vista nacional tenía prioridades fiscales, no de salud.

Once meses después, Cataluña ha experimentado una reducción en el consumo de más del 20%, que parece arrojar algo de luz a la controversia inicial. Este culebrón se inauguró con posiciones enfrentadas de diferentes industrias, con una fase turbulenta donde se pasaron la patata caliente entre todos: la industria láctea quería que sus batidos y dulces estuviesen exentos, y la del refresco afirmaba que se trataba solo de una medida recaudatoria y que "sería un error que atacaba a las clases sociales más débiles".

"Con estas medidas se busca reducir el consumo y así paliar el alto impacto que tienen los refrescos sobre la salud"

Este escenario recordó un poco al juego de los lobbies alimentarios, como el de aquella exención del vino y la cerveza de la ley antibotellón. El caso es que, al margen de que estos sectores defiendan sus ventas, precisamente lo que se busca con medidas de esta clase es eso: acciones políticas para que se consuman menos y así paliar el alto impacto que tienen los refrescos sobre la salud, especialmente en las clases más desfavorecidas.

Cómo aplicarlo, esa es la cuestión

Sí; al menos si cogemos de referencia la bibliografía científica y las experiencias que se habían llevado a cabo a nuestro alrededor. Dentro de Europa es algo que se ha aplicado exitosamente en Dinamarca, Finlandia, Francia..., países equiparables al nuestro. Además, este pasado 2017 ha sido un año plagado de medidas antiazúcar en todo el mundo, acciones que están aquí recogidas desde todos los continentes.

Parece resultar bastante efectivo si se hace correctamente. El debate queda, por tanto, en cómo aplicarlo correctamente.

La cifra de un aumento del 20% en el precio final de compra parece una buena referencia para que esta medida 'pique al bolsillo' y se traslade a una reducción de consumo, no solo a un afán recaudatorio. Es de sentido común pensar que si el refresco se va a encarecer únicamente unos céntimos, las personas no van a replantearse su adquisición. Si ese incremento es superior, el escenario puede llegar a cambiar.

¿Qué peso ha tenido la tasa en todo este cambio?

A priori parece ser que ha contribuido a la reducción del 22% del consumo de refrescos que ha experimentado Cataluña. Es muy complicado analizar el impacto de una medida política concreta, y más cuando depende de tantas variables, como es en el caso de la adquisición de un producto alimentario. A saber, han influido en todo este tiempo no solo el cambio en el precio, sino también un aumento en la sensibilización de los efectos del azúcar en la salud, una variación del consumo hacia más productos light o zero...

Foto: iStock.
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Para poder sacar una conclusión más clara necesitaríamos conocer qué cambios ha habido en el consumo de refrescos en otras comunidades autónomas durante el único año para tener de esta manera más certeza del efecto concreto de la tasa en Cataluña.

De lo que no queda duda es que las voces que hace un año esgrimían el 'no sirve para nada' no estaban muy bien encaminadas. Recordaron un poco a aquellos que afirmaban en su día que los bares se vaciarían con la ley antitabaco.

A la hora de hacer políticas de salud pública, mucho mejor consultar la bibliografía científica y no tanto las opiniones de la barra del bar.