Los platos rotos de la sanidad pública los pagarán los que más dependen de ella

Hay varias premisas que determinan la situación actual y futura de la sanidad pública como la tenemos concebida en nuestro país. Por un lado, la Constitución establece en su artículo 43 que “se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Los objetivos de las reformas sanitarias se han encaminado a conseguir una sanidad universal, gratuita, justa, solidaria, equitativa, sostenible, de calidad, eficaz, eficiente y profesional.

Ante esta declaración de intenciones hay otros factores determinantes a la hora de conseguir dichos objetivos: por un lado, el dinero que se puede invertir en sanidad, aunque muy grande, es finito; y, por otro, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas, que hacen que el gasto sanitario no tenga techo. Aproximadamente, el 50% del gasto sanitario va destinado a los salarios del personal sanitario, seguido por el gasto en productos médicos (20%). Así pues, nos encontramos, por una parte, con una demanda cada vez mayor y, por otra, con unos recursos económicos limitados, y todo ello, dentro de un marco de una sanidad universal y gratuita.

"Actualmente, 11,5 millones de personas en España tienen seguros privados"

Para solucionar este gran problema se requiere un gran pacto político entre los partidos y, para ello, tienen que ser inteligentes y/o determinantes. Sin embargo, este requisito nunca se va a cumplir, por lo menos a corto o medio plazo, debido a la falta de liderazgo y sentido de Estado de los partidos políticos, que solo buscan réditos a corto plazo (votos cada 4 años). Ningún político va a realizar ninguna medida impopular, como, por ejemplo, recortar las prestaciones sanitarias o establecer un copago en función de diferentes variables. Son medidas necesarias para mantener un sistema de calidad, universal y que garantice la cobertura sanitaria a la población con menos recursos económicos.

Ante esta situación, la consecuencia es clara, más evidente tras la pandemia: un sistema sanitario público saturado que no da respuesta a la demanda sanitaria de la población (listas de espera). Las personas con capacidad económica han optado por la medicina privada para resolver sus problemas de salud. Actualmente, 11,5 millones de personas en España tienen seguros privados, 499.000 personas más que el año anterior. El mercado de los seguros privados ha crecido notablemente y, ante las perspectivas futuras, seguirá creciendo.

Esta tendencia nos lleva hacia modelos donde la atención sanitaria recae fundamentalmente en la medicina privada. Los actos sanitarios, de cualquier tipo, son caros debido a que se precisa de personal técnico cualificado y las pruebas diagnósticas, materiales y fármacos, muchas veces, también son caros. Las compañías de seguros privadas buscan beneficio económico, y, por tanto, lo que pagas y lo que gastas en tus requerimientos sanitarios no van de manera paralela; tienes que pagar más de lo que gastas. Esto se muestra con más evidencia cuando aparece un problema de salud grave y el seguro no lo cubre o cuando los seguros son muy caros por comorbilidades que padeces.

Ante esa situación, nuestros dirigentes, en vez de tomar medidas de gran calado y evitar el desgaste político, lo que han hecho es tensionar aún más el sistema, buscando mayor productividad de este en detrimento de la calidad (low cost), acortando ingresos hospitalarios, controlando el gasto farmacéutico y manteniendo o disminuyendo el coste derivado del personal sanitario. El resultado de esa política también es evidente, aumento del síndrome de desgaste profesional (burnout), la desmotivación y el abandono del personal de la sanidad pública a la medicina privada o al extranjero en busca de mejores condiciones laborales y reconocimiento. No es un solo un problema del número de facultades de Medicina y alumnos graduados.

Si el primer escalón falla (dirigentes políticos de primer nivel), el segundo también. Los mandos sanitarios de las instituciones sanitarias (17 consejerías de Sanidad) son seleccionados, en general, por ideología, sumisión o confianza a sus cargos superiores o partidos políticos. El problema aumenta cuando este principio se aplica a cualquier cargo técnico independiente de su nivel, aplicando un sistema de mando vertical y unidireccional (de arriba abajo) que busca el control del personal. Estamos prescindiendo de forma voluntaria de la capacidad de elegir a las personas con mayor capacidad de liderazgo, innovación y cambio que podrían amortiguar la falta de decisión de nuestros políticos, recursos limitados y demanda en progresivo aumento.

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Alimente

Esta situación es muy grave y puede deberse por incapacidad para tomar decisiones o por una estrategia planificada que busca desmantelar el sistema público en beneficio de la medicina privada favoreciendo intereses personales.

La sanidad y la educación públicas son pilares clave que nuestros políticos deben garantizar para que nuestra sociedad progrese, y sinceramente, creo que ambas están seriamente amenazadas. A corto plazo, las consecuencias las pagarán aquellos que tengan menos recursos económicos, que verán mermados sus años de vida por las enfermedades que no puede atender la sanidad pública, y a largo plazo, toda nuestra sociedad.

Luis Bujanda Fernández de Piérola es médico especialista de Aparato Digestivo y catedrático de Medicina de la UPV/EHU